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Se espera que en 2022 entre en vigor la denominada Ley de start-ups.
España cuenta con poca capacidad innovadora en comparación con el de otras economías avanzadas. Además, en el plano administrativo las empresas más innovadoras no tienen muchas ayudas. Con esta Ley de start-ups estas desventajas podrían recortarse.
Hasta que el Congreso no publique el plan, solo se conocerán los resúmenes del Gobierno sobre su contenido. Este proyecto define a una start-up como una empresa de cinco o menos años de edad que no cotice en Bolsa, ni distribuya beneficios, y que no tenga una facturación superior a 5 millones.
La Empresa Nacional de Innovación SME (Enisa) dará el carné de empresas innovadoras a quienes quieran acogerse a las ventajas fiscales. Con este proyecto, la elaboración de una empresa pretende ser más ágil y barata, tanto para españoles como para extranjeros. Entre sus ventajas se encuentran un tipo del 15% en el impuesto de sociedades, aplazamiento de pago de la deuda tributaria sin intereses ni garantías o reducción de impuesto sobre la renta de no residentes durante cuatro años.
Además, para los inversores también cuenta con algunas ventajas. Por primera vez se regula la figura jurídica del “carried interest”. Se establece régimen para las retribuciones percibidas por los gestores en determinados fondos de capital riesgo. En cuanto a los inversores internacionales, hay puertas abiertas para las deducciones: de un 50% sobre sus aportaciones hasta 100.000 euros.
Asimismo, para las start-ups biotecnológicas se amplía el plazo de 5 a 7 años en la definición de empresas emergentes, ya que trabajan en innovaciones que pueden tardar en llegar al mercado hasta diez años.
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