El Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 2 de octubre de 2023, ha declarado la siguiente doctrina:
«1.- La responsabilidad tributaria subsidiaria del artículo 43.1.a) de la LGT posee naturaleza sancionadora.
- Tal naturaleza sancionadora no impide que el legislador, dentro de los límites constitucionales, pueda modular el régimen de inejecutabilidad de los actos sancionadores, incluidos los basados en la aplicación de la responsabilidad tributaria subsidiaria del artículo 43.1.a) de la LGT , sin que una norma con rango de ley que niegue la suspensión automática de la deuda tributaria objeto de derivación -la parte derivada que proviene de deuda estricta- sea contraria a la Constitución .
- El inciso del artículo 212.3.b ), segundo párrafo, in fine, de la LGT , que impide la suspensión automática de la deuda tributaria objeto de derivación, es compatible con el principio constitucional de igualdad, en los términos expuestos».
El artículo 43.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) dispone:
«1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
a)Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitaron las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones».
Por su parte, el artículo 212.3 de la LGT señala:
«3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:
- a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa
- b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiendo intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo.
Lo dispuesto en los párrafos a) y b) de este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 174.5 de esta Ley dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.
Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 42.2 de esta Ley».
Además, conforme al artículo 233.1 de la LGT:
«1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley».
De este modo, la disputa legal se centraba en determinar si es factible suspender sin garantías la totalidad del monto especificado en un acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria, basado en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria (LGT), cuando dicho acuerdo abarca no solo las sanciones, sino también la deuda tributaria, que incluye la cuota e intereses de demora.
En el caso bajo análisis, el Tribunal Económico Administrativo (TEA) correspondiente había autorizado la suspensión automática de la parte considerada sanción en el acuerdo de derivación, pero no de la parte correspondiente a la deuda tributaria. No obstante, la persona declarada responsable subsidiaria había mantenido la suspensión del pago de la totalidad de las sumas exigidas en el acuerdo sin necesidad de presentar garantías, argumentando que dicho acuerdo tenía un carácter sancionador.
El Tribunal Supremo (TS) determina que el carácter sancionador del acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria no implica la suspensión automática.
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