La reciente confirmación del impuesto sobre grandes fortunas por parte del Tribunal Constitucional (TC) el 7 de noviembre ha suscitado un aumento en las consultas de inversores acaudalados en bufetes de abogados que buscan cambiar su residencia fiscal a Portugal.
El país vecino ha prolongado su régimen fiscal especial para residentes no habituales, similar a la Ley Beckham española, con el objetivo de atraer grandes patrimonios, a pesar de la crisis inmobiliaria que llevó a anunciar la eliminación de este régimen en octubre.
Consideraciones para cambiar la residencia: perspectivas de contribuyentes adinerados en España y la estrategia fiscal portuguesa
La principal preocupación de los contribuyentes se centra en la situación política y la carga impositiva percibida como desproporcionada en comparación con otros países. Aunque algunas consultas involucran a ciudadanos españoles, la mayoría proviene de extranjeros, especialmente de Hispanoamérica, que ya han trasladado su residencia a España en el pasado.
La estrategia de Portugal de extender su régimen de residentes no habituales se percibe como una táctica para atraer a contribuyentes adinerados actualmente en España, pero existen posibles inconvenientes, como el «exit tax». Este régimen portugués, junto con la Golden Visa, ofrece tasas impositivas más bajas, exenciones fiscales y beneficios en herencias y donaciones, con una duración de diez años para quienes lo elijan.
Resurgimiento del Impuesto de Patrimonio en España: impacto en grandes patrimonios y tendencias de cambio de residencia
La aprobación del impuesto a las grandes fortunas ha llevado a algunas comunidades autónomas en España a reactivar el Impuesto de Patrimonio para compensar la disminución de ingresos. Este cambio afecta a los contribuyentes adinerados, quienes ya no pueden eludir el pago de impuestos sobre su patrimonio, ya sea a nivel regional o nacional.
Con más de 230.,000 contribuyentes en España que poseen más de dos millones de euros, el interés en cambios fiscales y de residencia está en aumento, especialmente entre aquellos afectados por la reciente decisión del Tribunal Constitucional. La riqueza media de estos individuos asciende a 3.66 millones de euros, siendo Madrid la región con la fortuna media más elevada, alcanzando los 11.6 millones de euros.
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