Volver[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_image src=»https://www.blaw.es/wp-content/uploads/2022/02/law-2021-08-31-11-01-49-utc-scaled.jpg» title_text=»Asesor fiscal expatriados» _builder_version=»4.4.8″ hover_enabled=»0″][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Texto» _builder_version=»4.4.8″ vertical_offset_tablet=»0″ horizontal_offset_tablet=»0″ hover_enabled=»0″ z_index_tablet=»0″ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» text_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» text_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» link_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» link_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» link_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» ul_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» ul_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» ol_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» ol_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» quote_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» quote_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» header_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» header_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» header_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» header_2_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» header_2_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» header_3_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» header_3_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» header_4_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» header_4_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» header_5_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» header_5_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet=»0px» header_6_text_shadow_vertical_length_tablet=»0px» header_6_text_shadow_blur_strength_tablet=»1px» box_shadow_horizontal_tablet=»0px» box_shadow_vertical_tablet=»0px» box_shadow_blur_tablet=»40px» box_shadow_spread_tablet=»0px»]
Modificaciones en el régimen sancionador y de recargos establecido en la Ley General Tributaria.
La Ley de 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha modificado distintos ámbitos de nuestro sistema tributario. Entre ellos el régimen de recargos por extemporaneidad y el régimen sancionador.
Los recargos por extemporaneidad consisten en una penalización por presentar las declaraciones de impuestos fuera de plazo. La nueva regulación establece una mayor progresividad de los recargos en función de los meses transcurridos. Así, los recargos por extemporaneidad se rebajan de forma considerada. Además, se introduce un nuevo párrafo en el artículo 27.2 LGT donde exonera del pago de recargos a quienes, habiendo sido objeto de un procedimiento de comprobación del que resulte una regularización ya firme, regularice los demás ejercicios en los que se den circunstancias idénticas a las regularizadas, y se cumplan una serie de requisitos.
Además, la ley introduce modificaciones en el régimen sancionador. Se modifican sanciones existentes, introduciéndose nuevas modalidades, y algunos aspectos procesales del procedimiento sancionador.
Asimismo, introduce dos nuevas sanciones: una que afecta a la tenencia, comercialización o fabricación de software de doble uso y otra la elevación de la sanción por presentar de forma inexacta, incorrecta o con datos falsos la declaración sumaria de entrada prevista el art. 127 del Código Aduanero de la Unión Europea.
Por otra parte, los procedimientos inspectores terminan, con carácter general, con un acta, que pueden ser de tres tipos: de conformidad, disconformidad o con acuerdo.
En el caso de actas con acuerdo, la ley otorga al contribuyente una reducción que ahora pasa del 50% al 65% de la sanción. También, cuando se haya cometido cualquier infracción, una vez aplicada esta reducción, se podrá reducir el importe en un 40% si se dan una serie de requisitos.
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