VolverEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia dictada el día 20 de enero de 2022 considera que la declaración de nulidad de pleno derecho provoca que se considere que las actuaciones inspectoras nunca se realizaron y, por ende, no interrumpen el plazo de prescripción, aunque esa declaración de nulidad sea consecuencia de actuaciones delictivas.
Más tarde, la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos y contra la corrupción interpuso querella criminal contra diversos funcionarios de la Inspección de los Tributos del Estado y contra diversos contribuyentes sospechosos de haber obtenido, mediante contraprestación, un trato fiscal favorable. El juicio penal culminó con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 30 de diciembre de 2013, que condenó por el delito de cohecho al inspector actuario por no haber llevado a cabo una investigación exhaustiva que le era exigible realizar, ya que omitió deliberadamente recabar la documentación necesaria para la investigación; y al inspector jefe por visar dichas actas sin revisar la documentación ni pedir actuaciones complementarias. Se declaró que ambos funcionarios actuaron a cambio de contraprestación económica.
A consecuencia del juicio penal, la Administración declaró la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones firmes, pues consideró que las liquidaciones giradas fueron consecuencia de actuaciones delictivas.
A juicio de la Sala, la declaración de nulidad radical afecta a todo el procedimiento inspector que finalizó con las liquidaciones originarias dictadas el 16 de mayo de 1997. Se entiende que nunca existió el acto administrativo y el procedimiento base, pues la nulidad se extiende a todos los actos viciados como consecuencia de haber servido para la comisión del delito de cohecho. La declaración de nulidad de pleno derecho provoca que se considere que las actuaciones inspectoras nunca se realizaron.
Como reconoció la Sala, la declaración de nulidad de pleno derecho pone a la Administración en una situación complicada a la hora de ejercer su derecho a liquidar, pero los supuestos de interrupción de la prescripción son taxativos.
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