VolverEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado que los asesores fiscales, con excepción de los abogados, tienen la obligación de informar a las autoridades tributarias sobre prácticas potencialmente abusivas de sus clientes. Esta decisión responde a un recurso presentado por la Asociación Belga de Abogados Fiscalistas en relación con la polémica Directiva DAC 6, que obliga a los asesores fiscales a notificar mecanismos fiscales transfronterizos que podrían dar lugar a la elusión o evasión fiscal.
Anteriormente, el TJUE había eximido a los abogados de esta obligación debido a la protección de su secreto profesional, pero ahora subraya que otros profesionales, como gestores y economistas, deberán seguir reportando dicha información. Los jueces señalan que la protección del secreto profesional de los abogados es esencial para salvaguardar la confianza en la relación abogado-cliente dentro de una sociedad democrática.
La obligación de informar abarca la identificación de las personas implicadas, así como detalles sobre el mecanismo fiscal en cuestión. Esta normativa tiene como objetivo combatir la planificación fiscal agresiva, permitiendo a los Estados reaccionar rápidamente ante posibles abusos.
Desde mayo de 2021, la legislación española exige que se informe sobre «mecanismos transfronterizos» que involucren a partes de al menos dos países de la UE o entre un país de la UE y un tercero, siempre que existan indicios de planificación fiscal agresiva. Aunque estas prácticas son consideradas «mecanismos de planificación fiscal agresiva», la ley aclara que la obligación de declarar no implica necesariamente que sean fraudulentas.
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