El Consejo Constitucional de Francia autorizó ayer que el Gobierno francés aplique un impuesto del 75% a las empresas sobre los salarios de los empleados que ganen más de un millón de euros, una promesa electoral del actual presidente, el socialista François Hollande. La máxima autoridad judicial de Francia había rechazado hace un año una primera versión de ese texto, al entender que su redacción incurría en desigualdades ante el Fisco.
Aquella corrección supuso un varapalo para una de las medidas más llamativas de la campaña que llevó a Hollande al Palacio del Elíseo en 2012, por lo que el Gobierno anunció inmediatamente que trabajaría para elaborar una nueva versión que lograra el apoyo del Consejo.
El impuesto validado finalmente por el Constitucional, que el Ejecutivo ha descrito siempre como excepcional y transitorio en momentos de crisis, tendrá una duración de dos años. La tasa, que recae así sobre la empresa y no sobre los asalariados, no podrá superar en ningún caso el 5 % de la facturación de la compañía.
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