VolverA la lucha se une el proyecto de homogeneización de Montero que inquieta a Andalucía y a la Comunidad de Madrid
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, confirmó la semana pasada la decisión del Gobierno de no pagar a las Comunidades Autónomas 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Ante eso, las autonomías dispuestas a llegar a la vía judicial para reclamar el dinero recaudado, ya que consideran que pertenece a las CCAA y no a la Administración Central. Además, esto genera un notable agujero en los presupuestos regionales.
La Comunidad de Madrid denunció el pasado mes de octubre al Ministerio de Hacienda, tras ver que éste no estaba dispuesto a abonar los 337 millones de euros que les adeuda. Por tanto, la lucha por los 2.500 euros del IVA está conformada por muchas de las autonomías del país, no solamente por las que están lideradas por el Partido Popular. Según el responsable de Hacienda de la Junta de Andalucía, la cantidad demandada “Es un dinero que han pagado los ciudadanos españoles y que corresponde a las CCAA. En el caso de Andalucía son 537 millones de euros, y lo que está claro es que ese dinero se lo ha quedado el Gobierno y que son 2.500 millones de euros más que tiene para hacer sus políticas”.
En el caso de Castilla-La Mancha, la comunidad también se muestra dispuesta a llegar a la vía judicial por los 130 millones de euros que le corresponden de la liquidación. La semana pasada, el presidente Emiliano García-Page declaró que “me gustaría que se arregle hablando porque si no es así tendremos que ir a los tribunales, cuando otros que ya están en los tribunales incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico”.
Desde la Xunta de Galicia se considera que esos fondos son autonómicos y que están tanto presupuestados como gastados. Además, las fuentes del Gobierno gallego añaden que “la propia ministra le aseguro personalmente en 2018 que se solucionaría la situación”. El Ministerio recuerda que “el cambio normativo de Montoro impactó negativamente en la financiación de las comunidades autónomas en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017. El sistema de financiación establece siempre ese decalaje de dos años. Así, fue en 2019 cuando se hizo evidente que en 2017 solo se ingresaron 11 meses de IVA. Para solucionar este problema, el Gobierno de Pedro Sánchez articuló a través de los PGE 2019 un cambio normativo en el IVA que supuso adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del día 30 al 20, generando así el efecto contrario que en 2017. De esa forma, en términos de caja, se contabilizarían con ésta los ingresos de 13 meses, compensando así los 11 meses de 2017”.
Finalmente, las CCAA y Hacienda también se enfrentarán por el proceso de homogeneización impositiva que la ministra Montero quiere poner en marcha. Juan Bravo, consejero de la Junta de Andalucía, reconoce que la ministra de Hacienda si tiene herramientas para contrarrestar las bajadas de impuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía. Además, Fernández-Lasquetty advierte que Hacienda solo podrá fijar los tipos autonómicos si no tiene en cuenta la Constitución.
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