VolverEl asesoramiento fiscal de una CPP resulta de una insuficiencia de la oferta privada y de los recursos de la Administración para resolver una problemática social
La colaboración público-privada (CPP) suele ser un concepto encriptado para muchos contribuyentes españoles. Por tanto, se puede definir como la colaboración que se produce en el marco de un contrato de concesión de obra pública o de servicios o a través de una personificación jurídica con participación mixta pública y privada.
Por tanto, esta colaboración abarca cualquier forma de actuación en la que participen el sector público y el sector privado. Este mecanismo suele utilizarse cuando la oferta privada es insuficiente y la Administración sola no tiene los recursos necesarios para solucionar una determinada problemática social. Ante ello, la Unión Europea ha destacado el papel de las CPP desde 2004 y en la vigente Directiva 2014/23/UE:
- Su importancia para el desarrollo estructural a largo plazo de la infraestructura y los servicios estratégicos.
- Su contribución al desarrollo de la competencia en el mercado interior, permitiendo que se aprovechen las competencias del sector privado.
- Su contribución para lograr mayores eficiencias y aportar innovación.
Desde B Law & Tax establecemos tres puntos claves en los que la CPP podría desarrollar su potencialidad a la hora de afrontar algunos de los retos más esenciales de la sociedad.
En primer lugar, cabe destacar una mayor seguridad jurídica en relación con las distintas modalidades de CPP:
- En particular: su duración, su rentabilidad, la actualización de los precios y la distribución de riesgos, entre otras.
- El Ejecutivo ha anunciado los siguientes anteproyectos de leyes, de enorme interés: una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano, una ley estatal de vivienda, y una ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
- La respuesta de la Administración a las solicitudes de reequilibrio de las empresas concesionarias durante el COVID podría marcar la futura predisposición de las empresas a nuevos proyectos de CPP.
Por otro lado, habría que llevar a cabo un análisis riguroso de la CPP:
- Sobre todo, de los ámbitos en los que la CPP podría traer beneficios para la sociedad en forma de mayor eficiencia y calidad en la provisión de los bienes y servicios, con un enfoque centrado en el ciudadano y el principio de buena administración.
Finalmente, un diseño jurídico de la CPP, adecuado para cada caso, podría hacerla atractiva para la parte sostenible y escalable. Para ello, sería oportuno proporcionar seguridad jurídica al sector privado en los aspectos indicados anteriormente y también dotar de un mayor control efectivo por parte de la Administración de la ejecución de los proyectos.
B Law & Tax
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