VolverEl nuevo Real Decreto 571/2023, aprobado el pasado 4 de julio de 2023 y publicado el día 5 del mismo mes, estableció disposiciones relativas a las inversiones exteriores que entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2023.
Su propósito principal es ampliar y clarificar las regulaciones relativas a inversiones extranjeras, conforme a la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre el régimen legal de los movimientos de capitales y las transacciones económicas internacionales.
Este nuevo decreto derogará el anterior Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, adaptando así la normativa reglamentaria a la evolución legal y al Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019.
Entre sus objetivos se encuentran mejorar la calidad de las estadísticas a nivel internacional, reducir las cargas administrativas para los inversores y proporcionar una mayor claridad en los casos de suspensión del régimen de inversiones extranjeras.
La finalidad principal es brindar seguridad jurídica a los agentes inversores en nuestro país.
El decreto establece criterios para determinar qué tipos de empresas extranjeras y operaciones requieren autorización previa por parte de la Administración, así como exenciones al régimen de autorización y la reducción de plazos administrativos para los inversores extranjeros, reduciendo el período de resolución de seis a tres meses.
También se introduce la opción de consulta voluntaria, vinculante para la administración, con un plazo de respuesta de 30 días hábiles.
En cuanto a su ámbito de aplicación, el decreto se aplica a las inversiones exteriores directas, tanto las realizadas en España desde el extranjero como las realizadas en el extranjero desde España.
Sin embargo, no afecta a los regímenes especiales que regulan sectores específicos con inversiones extranjeras, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa sectorial correspondiente.
Este nuevo decreto aborda aspectos como el objeto y ámbito de aplicación, la declaración de inversiones extranjeras, el régimen de suspensión del régimen de liberalización de inversiones exteriores, y los órganos y obligaciones relacionados con las inversiones exteriores, entre otros temas.
Las disposiciones transitorias tienen como objetivo garantizar la continuidad en las declaraciones de inversión y el adecuado funcionamiento del Registro de Inversiones durante el proceso de implementación del nuevo decreto.
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