VolverEl recientemente aprobado impuesto que pretende recaudar 3.000 millones de euros o incluso llegar a expulsar del gravamen los fondos ingresados que no forman parte de los tipos de interés propios europeos, como podrían ser las comisiones por comercializaciones de seguros o de productos de inversión ha sido causa problemática para la banca, quien pretende dar marcha atrás con el mismo.
Se produce entonces una lucha en busca de encontrar otros recursos que puedan llegar a una nulidad de este impuesto o bien que logren, al menos, un decrecimiento de la base imponible de este.
El Gobierno de España explica que dicho impuesto ha sido creado en relación a gravar los ingresos extraordinarios propios de los sectores que han subido sus tipos de interés con el objetivo de financiar entonces las ayudas articuladas para colectivos como los que se han visto afectados por la guerra de Rusia o la inflación. Esta prestación fijará un tipo impositivo en el 4,8% en las entidades que hubieron ingresado en 2019 como mínimo 800 millones de euros en España.
Dicho impuesto se verá financiado contra las cuentas de 2022 y 2023. La primera será el día 20 de febrero y la segunda está prevista para octubre.
A pesar de los intentos por frenar este impuesto de parte del sector y de la oposición del organismo en contra de este aviso criticando que se puede afectar al crecimiento de la economía, encarecer el crédito y advertir que se debe trasladar el coste y de las críticas por parte de entidades como el Instituto de Estudios Económicos, quienes afirma la recurribilidad ante el Constitucional de este impuesto debido a su naturaleza de prestación no patrimonial, parece que el Gobierno no duda en seguir adelante con tal proceso.
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