VolverEl asunto ha sido incluido en la agenda de la próxima sesión del tribunal para discutir la apelación presentada por la Comunidad de Madrid en contra de este impuesto temporal.
Examen de la Legitimidad del Impuesto a Grandes Fortunas
El Tribunal Constitucional examinará el 24 de octubre la legitimidad del impuesto temporal a las grandes fortunas. El Pleno de la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución ha incluido en su próximo encuentro este tema para debatir por primera vez la legalidad de este tributo temporal, promulgado por el Gobierno en diciembre de 2022, con el propósito de contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania y la crisis energética.
Específicamente, el tribunal revisará la propuesta de fallo preparada por la Magistrada María Luisa Balaguer sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra este impuesto aplicable a patrimonios que superen los tres millones de euros. Según fuentes del órgano, la ponencia respalda la legalidad de este tributo al considerar que no infringe las competencias autonómicas.
La decisión mayoritaria que se tome en este caso, ya sea la aprobación o el rechazo de la ponencia, sentará un precedente para resolver otros recursos similares. La deliberación tendrá lugar en una sesión plenaria que abordará varias cuestiones importantes, algunas de las cuales han acumulado retrasos en su resolución, lo que anticipa un debate intenso y de gran interés jurídico, según las mismas fuentes consultadas.
En Madrid, los contribuyentes han disfrutado de una bonificación del 100% en este impuesto durante varios años. Andalucía se sumó a esta práctica en 2022, otorgando un descuento completo. En Galicia, las rentas elevadas obtuvieron un descuento del 25% en 2022, que se elevó al 50% en 2023. En el caso de Murcia, el impuesto sobre el patrimonio quedó exento a partir de 2023, aunque todavía no ha tenido efectos prácticos.
Antes de las Navidades
El Tribunal Constitucional inició la consideración de este asunto en marzo pasado cuando aceptó el recurso presentado por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, aunque originalmente se esperaba que el primer recurso a resolver fuera el de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la discusión programada para la próxima semana se ajusta al calendario planificado por el tribunal de garantías.
El Gobierno aprobó la legitimidad del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, junto con otras tasas temporales aplicadas a la banca y a las principales empresas energéticas. Estas medidas se adoptaron para contrarrestar los efectos de la invasión rusa en Ucrania y aliviar la carga sobre las rentas más bajas. Estos tributos inicialmente se aplicarán en 2023 y 2024, aunque el Ejecutivo no descarta una posible extensión.
De todas formas, la sentencia del Tribunal Constitucional llegará después de que las personas de alto patrimonio hayan realizado un primer pago entre el 1 y el 31 de julio, generando una recaudación de 623,6 millones de euros para las arcas públicas, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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