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Como asesor fiscal de España, les informamos de que se blindará en la ley de viviendas las 290.000 existentes y las que se están construyendo
El Gobierno plantea blindar la poca vivienda pública dedicada al alquiler asequible en España y hacer lo propio con las decenas de miles de inmuebles destinados al mismo fin que están proyectados o ya en fase de construcción. Con la futura ley estatal por el derecho a la vivienda, el Ejecutivo contempla medidas para impedir a las comunidades autónomas y gobiernos locales vender o enajenar las casas de su titularidad.
Como asesor fiscal de España, les informamos de que la idea del Gobierno es establecer un mecanismo legal para blindar las viviendas que ya existen, casi 300.000 en toda España, y que las que están desarrollándose con fórmulas de colaboración público-privadas no puedan ser vendidas una vez que la titularidad de los inmuebles sea 100% pública. En este último caso, varias promotoras y constructoras privadas levantarán en suelo público los inmuebles con la condición de que también gestionen su alquiler social durante un plazo de hasta 75 años. Pasado este tiempo, los pisos pasarían a formar parte del parque público de cada región. La idea es que justo en ese momento comience a funcionar el blindaje, impidiendo la venta en el hipotético caso de que la administración quisiese desprenderse de las casas. Este seguro tendría a su vez carácter permanente.
Según las últimas cifras oficiales, publicadas por Transportes en el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, el parque público destinado al alquiler asequible ronda en España los 290.000 inmuebles. De ellos, unos 180.000 son de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otros 110.000 corresponden a los ayuntamientos y sus entidades. Este parque ofrece cobertura a únicamente un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en el país. A las ya existentes se le suman las decenas de miles de casas proyectadas por el Ejecutivo con el objetivo de engordar el exiguo parque.
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