VolverEn el pasado mes se dieron a conocer diversas sentencias de diferentes tribunales europeos que recalcan la proyección del Derecho comunitario sobre el Derecho interno, como ya afirmaron antes, tanto los respectivos tratados como los principios elaborados por la Jurisprudencia comunitaria.
El derecho comunitario tiene primacía sobre el Derecho interno para poder garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros. Además, el Derecho comunitario tiene autonomía con respecto al Derecho interno de los Estados.
En la primera de las sentencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a España a modificar las Leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de responsabilidad del Estado legislador.
La segunda de las sentencias está relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y su última reforma del artículo 21 de la ley de este impuesto, pues el Tribunal Europeo declaraba incompatible con el Derecho comunitario esta actualización, en relación con el artículo 4.1 de la Directiva 90/435. En él se establece la necesidad de no superar el límite del 5% en el gravamen de los beneficios redistribuidos, constatando, asimismo, que “un gravamen en la redistribución por una sociedad matriz de los beneficios distribuidos por una filial, que tenga como consecuencia someter tales beneficios a un gravamen que rebase, de hecho, el límite máximo del 5% fijado en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2011/96, conllevaría una doble imposición prohibida por la Directiva citada”.
Finalmente, la última Sentencia también guarda relación con el Impuesto sobre Sociedades y viene regida por la Sentencia del Tribunal EFTA de 1 de junio de 2022 en el Caso E-3/21, en la que el Tribunal opina que mantienen una restricción a la libertad de establecimiento. Dicho Tribunal confirma, sin embargo, que esta última podría justificarse pero que sería obligatorio dar al contribuyente la oportunidad de demostrar una justificación económica válida y legal.
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