Las medidas de asesoramiento fiscal servirán para hacer frente a la lucha contra la crisis sanitaria del COVID-19
El pasado 7 de julio, se puso en marcha el Real Decreto-ley 26/2020 sobre medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en territorio nacional. Entre dichas medidas destaca la puesta en marcha del modelo de colaboraciones público-privada (CPP) en materia de viviendas.
En primer lugar, cabe destacar que dichas colaboraciones tienen dos objetivos principales:
- La elaboración de medidas para impulsar la economía y de restricciones presupuestarias
- La creación de limitaciones referidas al déficit público.
Ante ello, el Gobierno ha decidido poner en marcha un plan de inversiones (2020-2022) con el fin de recuperar e impulsar la actividad económica y la creación de empleo de calidad. De esta manera, se busca conseguir un objetivo de más largo plazo: reorientar el modelo productivo con la ayuda de la CPP.
En el ámbito inmobiliario, se ha recurrido a este modelo para fomentar la construcción y explotación de vivienda asequible o social en régimen de alquiler. Para ello, se han tenido en cuenta algunas de las medidas recogidas en el RDL 26/2020:
- Se introducen especialidades en el derecho de superficie o en la concesión demanial para la promoción del alquiler asequible o social.
- Las viviendas con alquiler asequible o social podrán tener la consideración de protección pública, de acuerdo con la normativa autonómica.
- Los terrenos del sector público estatal que puedan adscribirse a la promoción de alquiler asequible o social se deberán destinar preferentemente a ese destino.
- Se regulan las especialidades de los instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas para ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social, los cuales podrán tener una duración de hasta 80 años.
- Las aportaciones del sector público estatal podrán canalizarse a través de la SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo.
- Los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 transferidos en ejercicios anteriores y no materializados podrán destinarse a ayudas de otros programas de dicho plan durante la vigencia de este.
En conclusión, se espera que las colaboraciones público-privadas puedan dar respuesta al problema de acceso a la vivienda. Del mismo modo, cabe esperar una reactivación de la economía a través del sector privado.
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