Una buena gobernanza fiscal puede considerarse una gran herramienta de transparencia necesaria para las grandes entidades.
Es fundamental que las compañías cuenten hoy en día con una buena y eficaz gobernanza fiscal para evitar riesgos innecesarios e incluso fraudes a la hora de gestionar la tributación de la empresa.
Los riesgos fiscales son circunstancias o elementos imprevistos que pueden afectar en mayor o menor medida al marco fiscal de una entidad, por tanto, son sumamente peligrosos, ya que puede llegar a tener un gran impacto provocando grandes pérdidas para una entidad, además de sanciones económicas por parte de Hacienda.
Tener una buena gobernanza fiscal supondrá para la empresa un gran pilar a favor de su transparencia y cumplimiento, lo que a la larga implicará un atenuante en el momento en el que se produzcan infracciones fruto de errores involuntarios a la hora de aplicar las normas establecidas por la Agencia Tributaria (si es que se llegan a producir) y un significativo refuerzo en su reputación.
Una de las medidas que puede tomar la empresa, para comenzar a tener una buena gobernanza fiscal y para evitar riesgos, es utilizar el modelo implantado por la UNE el pasado 27 de febrero de 2019, “Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso”, que establece un sistema de cumplimiento de obligaciones fiscales y facilita la detección y corrección de errores. Uno de los principales objetivos de esta normativa es que las organizaciones implementen y mejoren sus políticas de compliance tributario para prevenir y/o detectar temprano los riesgos tributarios que se puedan estar cometiendo.
Una de las iniciativas llevadas a cabo por la OCDE es el Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Este proyecto nació en 2013 a causa de la creciente digitalización y globalización de las empresas. Trata de luchar contra las elusiones fiscales internacionales a través de un plan de acción que introduce en total 15 medidas, tales como “reforzar las normas de transparencia fiscal internacional” o “hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital”.
Otra alternativa voluntaria a la que las entidades pueden acogerse para mejorar su fiscalidad y su transparencia es el programa ICAP (International Compliance Assurance Program), también impulsado por la OCDE.
Este programa fue creado con la intención de ayudar a mejorar la seguridad de la tributación de las empresas y a administrar sus cuentas en los países en los que lo necesite. Las empresas obtienen un apoyo que les da mayor seguridad en los informes necesarios en cada país mediante estándares fijos y pueden realizar consultas.
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