VolverLa actualización del PNIEC se encuentra todavía en trámite de información pública
El pasado 21 de enero, el Consejo de Ministros aprobó la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España. Este acuerdo se compromete a desarrollar 30 líneas de acción que incidirán tanto en los operadores económicos como en las políticas de consumo, movilidad, vivienda, educación, cooperación internacional, salud y políticas económicas.
En los primeros 100 días de Gobierno, se remitirá al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar que se alcance las emisiones netas cero para que en 2025 haya neutralidad climática. Para ello, se impulsarán algunas medidas como un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario sin emisiones de CO2 y un sistema fiscal compatible con la descarbonización de la economía y de la sociedad.
Con respecto a la descarbonización, se pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050 y, para ello, se presentará una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En la actualidad, el PNIEC se encuentra en trámites de información pública hasta el próximo 25 de marzo. En dicha actualización, se aumentará la inversión hasta unos 5.000 millones de euros y también mayores redes y electrificación renovables. De esta forma, se prevé que el esfuerzo en la reducción de emisiones en el sector eléctrico y transporte sea superior, además de que el 80% de la inversión sea de origen privado. También se intentará que aumente a unos 3.000 MW solar fotovoltaica hasta que se superen los 39 GW, y en consecuencia, la cogeneración se incremente en 0.6 GW para desaparecer el carbón por completo. Este Plan buscará impulsar los Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento a las industrias.
Al igual que las medidas planteadas, la Declaración incluye 25 líneas prioritarias. Entre ellas está la elaboración de programas como el Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles, el programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público o la Estrategia de Economía Circular, entre otros. En cuanto al ámbito de la fiscalidad, se introducirá la variable del cambio climático con el fin de desaparecer los beneficios fiscales otorgados a productos fósiles y se analizarán los que aún están vigentes salvo en casos justificados.
Las solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos no serán autorizadas ni para actividades de alto volumen de fracturación hidráulica. Por otro lado, se prevé la aprobación de ciertas leyes como la Ley de Industria con la que se buscará alcanzar los objetivos de descarbonización. La Ley de Residuos se centrará en el ámbito de los plásticos con el fin de alcanzar el “residuo cero” en 2050, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público para que se bajen las emisiones de los municipios con más de 50.000 habitante y, también, se buscarán fórmulas con las que se consigan modos de producción y consumo ecológicos a través de con el objetivo de articular la protección e información de los consumidores.
Finalmente, se va a crear una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático con el fin de participar en la toma de decisiones en materia de cambio climático.
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