VolverImpuesto progresivo
El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto progresivo, de carácter personal y directo que grava el patrimonio de las personas físicas, es decir, lo que estas disponen a fecha 31 de diciembre de cada año, tal como dispone el artículo 29 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio.
El concepto de riqueza que este tributo engloba se refiere a viviendas, depósitos en cuenta corriente, vehículos, acciones… generalmente, todas las posesiones y derechos económicos de los que una persona dispone, deduciendo las cargas y los gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y las obligaciones personales de que tenga que responder el titular.
Es un impuesto que a lo largo de los años ha generado cierta polémica, ya que en el año 2008 el Gobierno lo eliminó, y en 2011 y 2012 se recuperó “transitoriamente” hasta la actualidad, habiéndose vuelto a prorrogar este año, tal como queda reflejado en los Presupuestos Generales de 2018, debido al impacto que tendría su supresión, para las arcas de algunos de los gobiernos autonómicos, ya que contribuye en más de 1.000 millones de euros a las autonomías.
Se ha pronunciado en relación con la recaudación de este impuesto, Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria, que el pasado 18 de abril anunció en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, que en 2018 se producirá la ampliación del número de inspecciones de los contribuyentes del grupo de grandes patrimonios, tratándose de un colectivo que necesita un seguimiento continuado y especializado.
Actuaciones de control
Este seguimiento se llevará a cabo a través de actuaciones de control e investigación, que tienen la finalidad de detectar la existencia de incumplimientos en la tributación del impuesto por parte de los contribuyentes y erradicarla a través de su regularización. De esta forma se contribuye a evitar el fraude fiscal.
Para ello, la Agencia Tributaria se sirve de un instrumento informático big data creado ad hoc en 2017, que selecciona a los contribuyentes disponiendo a través de la estimación de su patrimonio, la cuota que corresponde a pagar en concepto del impuesto de patrimonio. Este instrumento informático creado a partir de programas existentes y nuevos, en el año 2017 recaudó 332,8 millones de euros con las actuaciones de comprobación de este impuesto.
Estas estimaciones, son realizadas a partir de la información masiva que recibe el programa, a través de las bases de datos del organismo, en las que analiza las alteraciones patrimoniales, y trasvases de rentas que se efectúan mediante técnicas agresivas de planificación fiscal, las manifestaciones de capacidad económica infundadas que se declaran, así como, la disponibilidad de activos en el exterior, diseñando como identificar a los contribuyentes, que presenten más riesgo de evasión tributaria.
Por último, el director de la AEAT también señaló, que el control reforzado de este grupo de contribuyentes conllevaría una ampliación de la plantilla de la AEAT, respecto del año 2017, haciendo hincapié en que no hay ninguna limitación de recursos en cuanto a la lucha contra el fraude.
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