VolverNavarra ajusta su Norma General Tributaria para incorporar las modificaciones de la Directiva de cooperación administrativa en asuntos fiscales ( DAC 7), con el objetivo de mejorar la colaboración administrativa y el intercambio de información en la UE. Se establece una nueva obligación de información para operadores de plataformas digitales y se regulan inspecciones conjuntas, junto con cambios en la obligación de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
En el Boletín Oficial de Navarra del 7 de noviembre de 2023, se ha publicado la Ley Foral 17/2023, que ajusta la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, en respuesta a la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de marzo de 2021, modificando la Directiva 2011/16/UE sobre cooperación administrativa en fiscalidad, conocida como DAC 7. Esta ley tiene como objetivo mejorar la colaboración administrativa y el intercambio de información en la Unión Europea, adaptándose a los desafíos de la digitalización económica e imponiendo nuevas obligaciones de información para operadores de plataformas digitales.
Además, la adaptación de la DAC 7 requiere la regulación del régimen de inspecciones conjuntas y la presencia de representantes de otros Estados en España, ajustando las menciones a representantes y administración tributaria en la normativa autonómica. Se establece que se entenderán referidas a la Administración tributaria autonómica de Navarra, según las competencias del Convenio Económico.
En relación con la obligación de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, se introduce una modificación que impone a los intermediarios comunicar a los obligados tributarios interesados que la información será proporcionada a la Administración tributaria. Esto se hace en línea con la adhesión de España al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información, abordando mecanismos de elusión del Estándar Común de Comunicación de Información y estructuras opacas extraterritoriales en la OCDE. Además, las obligaciones entre partes se ajustan debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuestiona la notificación del secreto profesional, modificando el régimen de información sobre ciertos mecanismos de planificación fiscal.
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